Para avanzar hacia la Economía del Conocimiento necesitamos definir una visión de largo plazo que oriente nuestro camino. Esta senda es larga y las capacidades para transitarla bien están disponibles, pero no debemos descuidarnos ni creer que existen atajos para alcanzar la meta. La experiencia internacional nos enseña las mejores prácticas para caminar seguros, pero el trayecto demanda perseverancia y constancia en el empeño.

El Sistema Nacional de Innovación es un todo complejo. Muchos actores participan en él y el rol de cada uno de ellos es indispensable. Le compete al sector público proveer los mecanismos e incentivos que faciliten al sector privado conservar y conquistar nuevos mercados; a los científicos desarrollar su labor a plena capacidad; a los empresarios favorecer un ambiente que estimule la expansión del fenómeno innovativo en las empresas, y a cada chileno definir su propio camino de desarrollo laboral. A cada actor le corresponde desarrollar al máximo sus talentos e invertir en generar nuevos conocimientos y capacidades, en armonía con la estrategia que se propone.

Es importante recalcar que este esfuerzo no comienza de cero. Por más de dos décadas el país ha venido cimentando las bases para disponer de una política que respondiera a los nuevos desafíos para la competitividad, surgidos de la implementación de mejores políticas públicas destinadas a asegurar la responsabilidad fiscal, la plena inserción en la economía global y la modernización de las regulaciones en torno a las cuales operan los mercados. En este contexto se crearon instrumentos de apoyo a la ciencia y la tecnología; a la innovación empresarial, y a la incorporación de los sectores de menores ingresos a la educación terciaria.

No obstante, la falta de una visión y una estrategia para implementarla ha impedido el adecuado desarrollo de la totalidad de los elementos necesarios para dar el salto en competitividad que requiere el país. Tal como señala el informe de la OCDE, todavía queda mucho por avanzar en la innovación en las empresas –especialmente en transferencia y difusión hacia las empresas de menor tamaño–, la investigación aplicada y el capital humano especializado.

El éxito de nuestra estrategia de innovación para la competitividad requiere dar también un salto en el volumen de recursos destinados a innovación, lo cual implica un esfuerzo significativo en materia de presupuesto público, pero por sobre todo demanda un mayor aporte del sector privado. Esto obliga a asegurar la eficiencia y pertinencia del gasto público, velando en todo momento por introducir los incentivos adecuados para el apalancamiento de recursos adicionales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, los esfuerzos públicos deben ser complementados con inversión extranjera “inteligente” proveniente de empresas y centros tecnológicos internacionales, que, junto a recursos adicionales, aporten conocimiento y capacidades de vinculación con redes globales de innovación.

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